REVOLUCION FUSILADORA: 52 AÑOS DESPUES SE BUSCA JUSTICIA

Pasaron 52 años del bombardeo aéreo a Plaza de Mayo dispuesto por sectores militares opuestos al presidente Juan Perón y aún no se sabe con precisión el número de víctimas que causó. Se estima que fueron centenares. Los responsables gozaron de impunidad. Ahora, un abogado peronista pretende que se reabran las investigaciones y mañana pedirá a la Justicia que el hecho sea declarado delito de lesa humanidad. Y por lo tanto imprescriptible.Una nota publicada en Clarín el 8 de febrero, bajo el título "Los viejos muchachos peronistas y una pensión por sus años de lucha" fue el disparador para que José Deguisa, un especialista en derecho penal, se decidiera a presentar un escrito en los Tribunales Federales reclamando que se juzgue a los uniformados que tiraron las bombas y están vivos. "Ya tengo detectados a más de veinte ex pilotos navales y de la Fuerza Aérea que ahora tienen entre 75 y 85 años", asegura Deguisa. El abogado destaca que el episodio ocurrido el 16 de junio de 1955 fue la mayor matanza de civiles en la Argentina en un solo día. Se estima -por relevamientos de historiadores que, sin embargo, no coinciden en las cifras- los muertos fueron más de 300 y un número similar de personas habrían quedado inválidas a causa de las heridas recibidas.Sin embargo, la posibilidad de investigar el caso fue debilitándose con los años por la indiferencia de la Justicia y el ocultamiento promovido por los gobiernos que se sucedieron tras el golpe que derrocó a Perón tres meses después del bombardeo.En el artículo de este diario que el querellante adjuntará al expediente se publican declaraciones de un testigo directo del ataque aéreo a Plaza de Mayo. Era el eslabón que le faltaba a Deguisa para promover una causa basada en pruebas concretas."El día del bombardeo a la Plaza estaba trabajando en Philips, me fui para allá y vi cuando ametrallaban a la gente. No le tiraban a Perón, le tiraban al pueblo. A la noche, debajo de los micros, estaba lleno de cadáveres", fue el relato de Raymundo Heredia, de 75 años, uno de los beneficiados con la indemnización que otorgó la Legislatura bonaerense a quienes participaron de la llamada "resistencia peronista" tras el golpe contra el gobierno justicialista. Un proyecto para indemnizar a familiares de las víctimas de los bombardeos del '55 está trabada en el Congreso de la Nación.En el escrito que presentará hoy -y al que tuvo acceso Clarín en exclusiva-, Deguisa apunta principalmente, aunque sin nombrarlo, contra Máximo Rivero Kelly, el que más alto llegó en la escala militar entre los presuntos atacantes que pueden contar el cuento. Rivero Kelly admitió que participó del bombardeo en el libro "Bombas sobre Buenos Aires" que publicó el periodista Daniel Cichero en el 2005.El querellante sostiene que hay quienes "describen los hechos sin arrepentimientos y con los años se desempeñaron como funcionarios de la más feroz y aberrante tiranía ó dictadura militar", refiriéndose a Rivero Kelly, quien estuvo a cargo de la Aviación Naval cuando el jefe de la Marina, Emilio Massera, formaba parte de la Junta Militar. Ya en democracia, Rivero Kelly llegó a ser el número dos de la Armada.Con todo, no será la recolección de pruebas sino la tipificación del hecho como delito de lesa humanidad el mayor obstáculo para lograr la apertura de una investigación judicial sobre los bombardeos del '55.A través de sucesivos fallos, la Corte Suprema de Justicia, en su actual conformación, sentó jurisprudencia sobre la delimitación de los crímenes que no prescriben aunque hayan ocurrido décadas atrás. Y de la lectura de ellos surge que se refiere a delitos "cometidos desde el aparato estatal de modo sistemático".En el escrito, Deguisa apela al encuadramiento del caso en la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad a la que adhirió la Argentina y desde setiembre de 2003 tiene rango constitucional.Ese tratado, promovido por las Naciones Unidas, fue el que inspiró en agosto de 2004 a la Corte para considerar imprescriptible el asesinato del general chileno Carlos Prats, en la Argentina, por parte del agente de la policía secreta de Augusto Pinochet, Enrique Arancibia Clavel