PERÓN:
Capítulo dedicado al agro en su
“Modelo Argentino para el Proyecto Nacional”
(1974)
EL AGRO
El mundo actual observa, con creciente preocupación, el paulatino agotamiento de los recursos naturales al punto de temer el desencadenamiento de una crisis en materia de productos esenciales para la subsistencia de la humanidad.
Nuestro país, en tal sentido, resulta un privilegiado de la naturaleza y una esperanza para la sociedad en la etapa universalista, en razón de sus potencialidades en materia de recursos naturales. De allí que la definición de una política estable y definida para el agro constituye una responsabilidad ineludible de las generaciones del presente para con las del futuro.
Esa política debe señalar, con precisión, los objetivos a alcanzar en materia de colonización, infraestructura, régimen de tenencia de la tierra, explotación, investigación, capacitación e incentivos, para lograr, a la vez, una fuente continua de riqueza para el país y un aporte vital para el mundo del futuro con criterio de solidaridad universal.
Ambos conceptos, fuente sostenida de riqueza y solidaridad universal, implican, necesariamente, hacer uso racional de nuestras tierras aptas como así también realizar un esfuerzo sostenido para agregar a estas las hoy ociosas o deprimidas.
La colonización de nuestras tierras adquiere, en razón de lo expuesto, una importancia tal vez superior a la que se asignara en épocas pasadas, pero, simultáneamente, es amenazada por mayores condicionamientos y dificultades.
El paulatino desplazamiento de la población rural hacia los centros urbanos; las necesidades propias de la vida moderna; la complejidad de los medios técnicos y niveles de inversión requeridos para la explotación agrícola, son aspectos que condicionan el logro de este objetivo.
No podrá pensarse en colonizar, si previamente no creamos los medios que aseguren a los inmigrantes que necesitaremos condiciones de vida propicias para su desplazamiento. Ello, indudablemente, implica un esfuerzo económico de magnitud trascendente y una planificación detallada con determinación de prioridades. En tal sentido, será preferible un plan con metas no excesivamente ambiciosas, escalonadas en el tiempo y por zonas, pero basado en posibilidades reales de concreción, a otro ambicioso que permanezca en el plano teórico o que sea usado como mera herramienta de propaganda ideológica o partidista.
Simultáneamente con la creación de la infraestructura destinada a hacer digna la vida de la población rural, será necesario considerar la requerida para posibilitar la explotación de las tierras en condiciones de productividad creciente y de agilización de las etapas de distribución, almacenamiento y comercialización de los productos.
Entendemos que la tenencia de la tierra implica la responsabilidad de no atentar contra la finalidad social que debe satisfacer la explotación agraria. Dicha finalidad social solo se cubrirá cuando la tierra sea explotada en su totalidad y en relación con su aptitud real y potencial, tomando el lucro como un estímulo y no como un fin en si mismo.
La tierra no es básicamente un bien de renta sino un bien de trabajo. El trabajo todo lo dignifica.
La explotación de las tierras implica considerar un dimensionamiento óptimo y una conservación adecuada del suelo; ambos aspectos deben ser evaluados dentro de un contexto eminentemente técnico, y con miras a lograr consenso y no enfrentamientos de grupos o sectores.
La experiencia indica que muchas discusiones, particularmente en lo que concierne a la subdivisión de las tierras se han orientado, o han sido fuertemente condicionadas, por razones meramente ideológicas mas que de beneficio para la sociedad en su conjunto.
La actividad productiva dentro del sector primario no ha escapado a la influencia de la continua revolución tecnológica que es un signo de nuestros tiempos. Más aún; puede observarse que en los últimos años se hacen denodados esfuerzos para lograr nuevos procedimientos que compensen la no productividad de la tierra, con el creciente aumento de la población mundial.
La República Argentina, como poseedora de un vasto territorio con aptitud especial para su explotación, no puede bajo ningún concepto quedar rezagada, tanto en el uso de tales nuevos procedimientos como en el proceso de investigación.
La creación y estímulo para lograr una conciencia en esta materia debe ser responsabilidad no sólo del Estado sino también de los sectores privados que participan de esta actividad.
Los actuales centros de experimentación y de formación de mano de obra capacitada, necesitan contar con el decidido apoyo público y privado. Pero estos, a su vez, deben basar sus planes de acción sobre objetivos y metas concretas y acordes con las posibilidades del país.
No resulta novedoso señalar la natural resistencia de muchos trabajadores rurales a la implantación de nuevos métodos, procedimientos y herramientas tendientes a proteger el suelo, incrementar la productividad y cultivar nuevas especies. Sin embargo, pareciera que los esfuerzos para lograr un cambio radical y definitivo resultan todavía insuficientes.
Por tal motivo, el Estado en particular y las organizaciones rurales en general, deberán coordinar sus esfuerzos a fin de profundizar los cambios y hacer evidentes los beneficios que los mismos traerán aparejados. Un hombre de campo con una mentalidad moderna y de futuro es el factor insustituible del progreso del sector, más allá de toda medida administrativa o de estímulo a la actividad.
Todo lo señalado hasta este punto implica un esfuerzo económico-financiero que va mas allá de las posibilidades del sector y, por tal razón, el Estado debe ineludiblemente acudir como apoyo real y estímulo como así también hacer un uso intenso de su poder como fiscalizador, control y regulador.
En cuanto al apoyo, éste debe materializarse a lo largo de todo el espectro de actividades que directa o indirectamente hacen al quehacer agrario; desde la capacitación técnica, hasta la creación de condiciones para la explotación; pasando por el apoyo financiero para las distintas etapas de la producción y comercialización.
Solo podemos exigir el cumplimiento de un compromiso social si previamente facilitamos los medios básicos para llevarlo a cabo.
El asesoramiento técnico, el apoyo crediticio, la política fiscal y el desarrollo de cooperativas agrarias, son instrumentos que deben usarse en forma intensa, particularmente para aquellos que se encuentran en inferioridad de condiciones para producir.
El apoyo para lograr el aprovechamiento de las zonas ociosas debe ser motivo de especial preferencia, pero una vez satisfechas adecuadamente las necesidades de las zonas aptas.
En su función fiscalizadora, de control y regulación, el Estado debe previamente definir con absoluta claridad su participación, y una vez logrado el consenso general se deberá proceder sin solución de continuidad.
Nuevamente aquí la política fiscal cumple un decidido papel para obligar a la explotación racional de los recursos, evitando capacidades ociosas. Producir cada día mas, manteniendo la fertilidad de las tierras, debe ser criterio rector.
La intervención directa en el proceso de comercialización interna y externa, así como también en la fijación de los precios que aseguren un beneficio normal y una eliminación de la incertidumbre del futuro, son también responsabilidades que el Estado no debe bajo ningún concepto delegar y menos aún olvidar.
